Ayuso quiere eliminar antes de las elecciones la potestad de la Asamblea para elegir jueces

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha propuesto culminar la despolitización de la justicia madrileña antes de que acabe la legislatura. Así, una de las 15 propuestas de ley que el Gobierno de Madrid quiere terminar de tramitar en los ocho meses hábiles que restan hasta las próximas elecciones del 28 de mayo, es la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo de Ayuso persigue eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En concreto, el Consejo de Gobierno aprobó en octubre de 2020, a instancias de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, la modificación de dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 13.2 de Demarcación y Planta Judicial.

Con el primer cambio, lo que se propone es que en las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea el encargado de cubrir por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma. Hasta el momento, la elección se realiza, a partir de una terna, a propuesta de la Asamblea de Madrid.

En el otro artículo que se quiere modificar, se suprimiría la propuesta de nombramiento entre la terna promovida por la Asamblea de Madrid y, al igual que en el anterior punto, se sustituiría por magistrados nombrados por juristas de reconocido prestigio, en la forma prevista en el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta iniciativa legislativa comenzó su trámite en el Parlamento madrileño en 2020 tras recibir, en abril de ese mismo año, el aval del CGPJ. Sin embargo, el inicio de la nueva legislatura tras las elecciones del 4 de mayo de 2021 obligó por ley a su nueva remisión a la Asamblea por parte del Gobierno. Así, la propuesta se encuentra ahora pendiente de su tramitación en Vallecas por procedimiento legislativo común y, una vez culmine, el Parlamento regional lo remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados, algo que Ayuso quiere consumar antes del mes de mayo. De aprobarse en la Cámara Baja, podría tener un alcance nacional, con un impacto evidente en otros parlamentos autonómicos, aunque dadas las actuales mayorías en la Cámara Baja -con PSOE, Podemos y sus aliados separatistas y proetarras-, es poco o nada probable que prospere.

Esta ley cobra especial relevancia en un contexto en el que la renovación del CGPJ continúa paralizada, a pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, accedió hace ya mes y medio a su renovación, renunciando a la pretensión de que los jueces eligiesen a los jueces.

La propuesta de los populares plantea que, una vez renovado el CGPJ con el sistema actual, se presente una reforma legal para «garantizar una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección», pero en ningún caso habla taxativamente de condicionar la negociación a que «los jueces elijan a los jueces», como ocurría en la etapa de Pablo Casado. Los vocales del Consejo llevan con el mandato caducado desde hace más de tres años y medio.

Quince leyes

Con la vista puesta en esa próxima cita electoral, Díaz Ayuso no sólo quiere aprobar esa despolitización de la Justicia, sino también otros 14 proyectos de ley que se sumarían a los once aprobados hasta el momento en la presente legislatura iniciada tras las elecciones de mayo de 2021. De este modo, y de cumplirse las pretensiones del Ejecutivo, el Gobierno de Ayuso finiquitaría apenas dos años de legislatura con un total de 26 leyes aprobadas.

Entre las leyes pendientes que la presidenta madrileña quiere aprobar se encuentran algunas estrella como la de defensa de la autonomía financiera, la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid (Ómnibus), la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid o la Ley de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid.

Otras de las leyes pendientes son la de Creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, la de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, la de creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias y la de la creación de la Agencia de Ciberseguridad, la de Servicios Sociales.

El proyecto de ley por el que se modifica el Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para la adopción de medidas fiscales dirigidas a la protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación; el proyecto de ley de Economía Circular; el proyecto de ley del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico; el proyecto de Ley de creación del Colegio Oficial de Profesionales del Turismo y el proyecto de ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, son el resto de leyes que Ayuso quiere aprobar antes de que finalice la legislatura.